La Cámara de Diputados suspendió a Fernando Basanta como vocal del Tribunal Superior de Justicia.

Fue resuelto por la Sala Acusadora de la Legislatura Provincial debido a que está en proceso de acusación porque, según la denuncia, no cumple con los seis años de ejercicio de la abogacía que exigen la Constitución Provincial y las leyes para ocupar dicho cargo. Durante ese lapso, Basanta percibirá la mitad de su sueldo.

El expediente continuará siendo analizado en la Sala Juzgadora, donde los diputados que integran la misma finalmente definirán si corresponde su remoción del máximo órgano judicial de Santa Cruz.

Cabe recordar que, como había anticipado La Opinión Austral, este martes se reunió la Sala Acusadora compuesta por 12 legisladores provinciales para tratar los pedidos de juicio político contra los vocales del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta y Reneé Guadalupe Fernández.

Tras la misma, este medio pudo saber que los integrantes de esa sala decidieron seguir con el trámite contra Basanta y devolver a la presidencia de la Cámara de Diputados el de Fernández para ser archivado.

La insistencia con la designación de Basanta, presuntamente irregular, fue a partir de una denuncia del abogado Sergio Macagno quien solicitó a la Cámara de Diputados que avance en juicio político contra el Vocal del TSJ. En la misma, denuncia que supuestamente no cumple con los requisitos constitucionales para ser miembro del máximo órgano judicial de la provincia.

La llamada Ley Provincial N° 13 regula el procedimiento constitucional para remover a funcionarios públicos de alto rango. Este proceso se lleva a cabo en la Legislatura provincial y está dividido en una Sala Acusadora y una Sala Juzgadora, cada una con la facultad de requerir dos tercios de los votos para tomar decisiones.

El artículo 137 de la Constitución Provincial de Santa Cruz detalla este proceso, que se ajusta a los procedimientos establecidos en la ley.

La Cámara de Diputados se divide en una Sala Acusadora y una Sala Juzgadora mediante sorteo durante la primera sesión ordinaria del año. La Sala Acusadora tiene un plazo de cuarenta días para decidir si acepta la acusación por dos tercios de los votos de sus miembros presentes.

Si la acusación es aceptada, la Sala Juzgadora tiene un plazo de treinta días para resolver y emitir un fallo. Para destituir al funcionario, se requiere una mayoría de dos tercios de los votos de los miembros presentes en la Sala Juzgadora.