En diálogo con Patagonia al Mundo, el magistrado realizó un balance de sus primeros meses de gestión y dejó al descubierto una realidad que genera preocupación tanto en el ámbito judicial como en la comunidad de El Calafate.

En este sentido, Albarracín explicó que cuando asumió al frente del Juzgado de Instrucción en lo Penal y del Menor, el 1 de septiembre de 2025, recibió más de 1.500 causas en trámite. Actualmente, ese número se redujo a aproximadamente 750 expedientes, lo que representa una disminución cercana al 50 por ciento en menos de un año.

Sin embargo, el dato más alarmante de sus declaraciones estuvo relacionado con la naturaleza de las investigaciones que hoy predominan en la localidad. Según precisó, más de la mitad de las causas en trámite corresponden a violencia de género, delitos contra la integridad sexual, grooming y ciberdelitos, muchos de ellos con menores de edad como víctimas.

En este contexto, las estadísticas expuestas por el juez encuentran correlato en distintos hechos que tomaron estado público durante los últimos meses en El Calafate.

Por un lado, recientemente se llevaron adelante siete allanamientos vinculados a una investigación por una serie de robos que afectaron a la comunidad, permitiendo avanzar sobre numerosos hechos delictivos contra la propiedad.

Asimismo, también generó preocupación un caso que involucró a una menor de edad tras la difusión de publicaciones en redes sociales donde exhibía un arma de fuego, situación que motivó la intervención de las autoridades y encendió las alarmas dentro de la comunidad educativa.

A ello se suman investigaciones relacionadas con presuntos casos de grooming, delitos sexuales, violencia de género y procedimientos impulsados por la Justicia en causas que involucran a niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, durante los últimos meses también se realizaron allanamientos en el marco de investigaciones por presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, procedimientos que permitieron el secuestro de elementos de interés para las causas y que volvieron a poner en evidencia la complejidad de este tipo de delitos.

En este marco, varios de los procedimientos más relevantes desarrollados recientemente en El Calafate fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz, conducido por Pedro Prodromos, la Policía de Santa Cruz y la División de Investigaciones (DDI), organismos que vienen articulando tareas de prevención e investigación en distintos hechos de gravedad registrados en la localidad.

Asimismo, las declaraciones del magistrado exponen una realidad que excede el ámbito judicial y reflejan una problemática social cada vez más compleja, donde los delitos sexuales, el grooming, la violencia de género y los ciberdelitos ocupan un lugar cada vez más relevante dentro de las investigaciones en curso.

Finalmente, el balance realizado por Albarracín deja dos conclusiones contundentes: por un lado, una importante reducción en la cantidad de causas acumuladas en el juzgado; por otro, una preocupante radiografía de los delitos que hoy afectan a El Calafate y que requieren una respuesta coordinada entre la Justicia, las fuerzas de seguridad y los organismos de protección de la niñez