La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó este jueves, con 13 votos afirmativos, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Provincial que dispone la restitución del doctor Eduardo Sosa al cargo de Procurador General de la provincia. De esta manera, se puso fin a un conflicto institucional que se extendió durante más de tres décadas y que derivó en reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenando su reincorporación.

La controversia se remonta a septiembre de 1995, cuando Sosa fue removido de su cargo tras la sanción de la Ley Provincial N° 2404, durante la gestión del entonces gobernador Néstor Kirchner. Aquella norma modificó la estructura del Ministerio Público y dividió el cargo que ocupaba el funcionario, provocando su cese. La medida fue cuestionada judicialmente y dio origen a un largo proceso que llegó hasta el máximo tribunal del país.

En distintas resoluciones dictadas en 2009 y 2010, la Corte Suprema ordenó la restitución de Sosa. Sin embargo, durante más de veinte años las sucesivas administraciones provinciales no concretaron el cumplimiento efectivo de esas sentencias, lo que convirtió al caso en uno de los episodios de mayor conflicto institucional de la historia reciente argentina.

Desde el Ejecutivo Provincial señalaron que la aprobación de la ley representa un paso fundamental para fortalecer el sistema republicano, respetar la división de poderes y garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales firmes. Asimismo, remarcaron que la medida busca cerrar definitivamente una situación que mantuvo a Santa Cruz bajo observación por parte de organismos judiciales nacionales.

Tras la sanción legislativa, el gobernador Claudio Vidal destacó que la restitución de Eduardo Sosa permite comenzar a saldar una de las deudas institucionales más profundas de la provincia. El mandatario reveló que, antes de asumir, mantuvo una reunión con el ex procurador, oportunidad en la que escuchó una historia marcada por décadas de reclamos y fallos incumplidos, asumiendo entonces el compromiso de trabajar para alcanzar una solución definitiva.

"No se trataba solamente de una cuestión personal. Se trataba de reparar una injusticia, respetar las decisiones de la Justicia y demostrar que las instituciones están por encima de cualquier circunstancia política", expresó Vidal.

El gobernador sostuvo además que la fortaleza de la democracia también se mide por el respeto a la división de poderes y advirtió que cuando los fallos judiciales no se cumplen se debilitan las instituciones y se deteriora la confianza de la sociedad. En ese sentido, afirmó que las diferencias políticas pueden existir, pero que la seguridad jurídica y el funcionamiento institucional deben prevalecer por encima de cualquier interés sectorial o partidario.

"Después de más de 30 años, se hizo justicia en Santa Cruz", manifestó Vidal, quien concluyó con una definición contundente: "En nuestra provincia los fallos de la Corte Suprema se respetan y se cumplen, porque no hay verdadera institucionalidad sin respeto por la ley".

Con esta decisión, Santa Cruz avanzó en el cumplimiento de una orden judicial pendiente desde hace más de una década y cerró uno de los capítulos más emblemáticos de su historia institucional reciente.