Belloni: de una Municipalidad allanada en una causa por trata a la carrera por la gobernación
Informe especial: los allanamientos, el contexto político, los audios inéditos y las investigaciones federales que vuelven a quedar bajo la lupa.
En este contexto, la posibilidad de que Javier Belloni vuelva a competir por la Gobernación de Santa Cruz reabre uno de los episodios judiciales de mayor impacto que atravesó su gestión como intendente de El Calafate: el allanamiento ordenado por la Justicia Federal a la Municipalidad en el marco de una investigación por presunta trata de personas y explotación sexual.
En este sentido, las actuaciones comenzaron a desarrollarse entre los años 2012 y 2013, aunque distintas publicaciones periodísticas de la época y fuentes que participaron de aquellas investigaciones sostienen que la causa se originó tiempo antes, a partir de denuncias impulsadas por la Fundación La Alameda, presidida entonces por Gustavo Vera, quien incluso viajó a Santa Cruz para ampliar personalmente la presentación ante la Justicia Federal. También participaron organizaciones dedicadas a la lucha contra la trata y la explotación sexual, entre ellas la Fundación María de los Ángeles, impulsada por Susana Trimarco.
En esas presentaciones se denunciaba el presunto funcionamiento de distintos establecimientos nocturnos donde podrían desarrollarse actividades vinculadas al proxenetismo, la explotación sexual y otras posibles irregularidades. Parte de esas denuncias señalaban que la actividad que anteriormente funcionaba en “Las Casitas” se habría trasladado a diversos locales nocturnos de Río Gallegos y El Calafate.
EL OPERATIVO FEDERAL
En ese contexto, la Justicia Federal puso en marcha uno de los operativos más importantes realizados hasta ese momento en Santa Cruz en el marco de la Ley de Trata de Personas.
Los procedimientos comprendieron 20 allanamientos simultáneos, la clausura de ocho bares y operativos desarrollados por Gendarmería Nacional, la División Narcocriminalidad y otras fuerzas de seguridad.
Entre los establecimientos investigados figuraban los locales nocturnos “Candela”, “Las Vegas” y “Ven a Mí”.
Durante los procedimientos se secuestraron agendas, documentación comercial, dinero en efectivo, profilácticos y otros elementos considerados de interés para la investigación. Asimismo, distintas publicaciones periodísticas informaron sobre el rescate de mujeres, el retiro de personas menores de edad de algunos establecimientos y el secuestro de estupefacientes en el marco de esos operativos.
EL ALLANAMIENTO A LA MUNICIPALIDAD
A partir de estas actuaciones, la Justicia Federal ordenó el allanamiento de la Subsecretaría de Comercio de la Municipalidad de El Calafate. El objetivo era secuestrar documentación vinculada con habilitaciones comerciales y actuaciones administrativas relacionadas con el funcionamiento del local nocturno “Candela”, donde previamente se habían realizado procedimientos judiciales. En cumplimiento de esa orden judicial, nueve efectivos ingresaron a las oficinas municipales y retiraron la documentación requerida por la magistrada, mientras otro grupo permanecía custodiando el edificio comunal durante el procedimiento.
En el marco de esas actuaciones, la investigación también alcanzó al cabaret “Las Vegas”, cuya propietaria, Marta Galíndez, fue trasladada a Río Gallegos y quedó detenida por orden judicial.
Del mismo modo, los procedimientos se extendieron al local nocturno “Ven a Mí”, donde se realizaron detenciones, fueron retiradas personas menores de edad y se secuestró documentación considerada relevante para la causa.
En ese contexto, un hombre identificado en las investigaciones como Álvaro Santo Arias Tarantini, conocido por el alias “Tarantini”, era buscado por la Justicia en el marco de aquellas actuaciones.
Según fuentes policiales que participaron en las investigaciones, tanto Tarantini como Ojeda aparecían mencionados en distintos expedientes vinculados al funcionamiento de establecimientos nocturnos investigados por presunta explotación sexual.
Las mismas fuentes sostienen que ambos mantenían una relación de cercanía con el entonces intendente Javier Belloni y que esos vínculos también alcanzaban cuestiones comerciales y administrativas relacionadas con habilitaciones y controles municipales. Patagonia al Mundo atribuye estas afirmaciones exclusivamente a las fuentes consultadas.
LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO
Tras el allanamiento, el entonces asesor letrado de la Municipalidad cuestionó públicamente el procedimiento.
Sostuvo que la documentación requerida nunca había sido negada, afirmó que incluso ya había sido entregada previamente a la Policía y calificó el operativo como una medida con “intencionalidad política”.
Además, aseguró que durante esa gestión “jamás habilitamos un cabaret”, manifestó que desde la sanción de la Ley de Trata no se otorgaban libretas sanitarias para ese tipo de actividades y afirmó que el municipio acompañaba plenamente la lucha contra ese delito.
EL ENFRENTAMIENTO CON PERALTA
Los allanamientos se produjeron durante la gestión provincial de Daniel Peralta, en medio de un fuerte enfrentamiento político con el entonces intendente Javier Belloni.
Mientras desde la Municipalidad se denunciaba una supuesta utilización política de la investigación, Peralta respaldó públicamente el accionar de la Justicia y de las fuerzas de seguridad mediante mensajes difundidos desde su cuenta oficial de Twitter.
En una de esas publicaciones expresó:
“Apoyamos el accionar de todos aquellos que combaten la trata y la droga. Jueces, fiscales y fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. ¡A fondo ahí!”
Posteriormente agregó:
“Operativo de trata en Gallegos y Calafate. Mucha plata y detenidos. Bien por nuestra Policía. Ahora la Justicia a fondo, especialmente en Calafate.”
Aquellas declaraciones profundizaron aún más el enfrentamiento político que mantenían Belloni y Peralta durante esos años.
LOS AUDIOS
A más de una década de aquellos hechos, Patagonia al Mundo tuvo acceso a audios registrados durante el desarrollo de esas investigaciones.
Según las fuentes consultadas por este medio, una de las voces correspondería a Claudia Gallardo, quien en ese momento se desempeñaba como directora de Comercio de la Municipalidad de El Calafate.
En la conversación, una mujer manifiesta preocupación por el avance de la investigación y sostiene que le había advertido reiteradamente a “Javi”, en aparente referencia a Javier Belloni, que una situación de esas características podía ocurrir.
En distintos pasajes también se menciona al entonces gobernador Daniel Peralta, en un contexto que, según la interpretación de las fuentes consultadas, reflejaría la tensión política existente entre ambas administraciones mientras avanzaban las actuaciones federales.
Bajo esta línea de investigación, las fuentes consultadas sostienen que esos registros, junto con la documentación y los testimonios recopilados, permiten reconstruir el escenario político, institucional y judicial que rodeó las investigaciones federales por presunta trata de personas y explotación sexual desarrolladas en El Calafate durante aquellos años.
EL PRESENTE
Con ese antecedente como telón de fondo, Javier Belloni vuelve a ser mencionado entre los dirigentes con aspiraciones a disputar la Gobernación de Santa Cruz, un escenario que vuelve a poner bajo análisis aquellos antecedentes judiciales y políticos.
En definitiva, los archivos periodísticos, las actuaciones judiciales de la época, la documentación relevada y los audios incorporados por Patagonia al Mundo permiten reconstruir uno de los capítulos más sensibles de la historia institucional reciente de El Calafate, una investigación que, más de una década después, vuelve a ocupar un lugar central en el debate político de Santa Cruz.
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