En este marco, lo que en la provincia de Buenos Aires es defendido por sus dirigentes como una vía indispensable para el desarrollo, en Santa Cruz recibe el rechazo de los mismos sectores políticos cuando el Ejecutivo provincial busca aplicar mecanismos idénticos para proyectos estratégicos.

Asimismo, la polémica cobró fuerza tras las declaraciones de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien reclamó públicamente el respaldo del Gobierno nacional para acceder a un crédito internacional. El préstamo, estimado en una inversión cercana a los 350 millones de dólares, tiene como destino el Plan Hídrico Social y Ambiental de los arroyos San Francisco y Las Piedras, una megaobra diseñada para beneficiar a más de un millón de vecinos de los partidos de Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown, Avellaneda y Presidente Perón.

Cabe destacar que Mendoza insistió en que la envergadura de estos trabajos solo es viable mediante fondos externos, por lo que requirió la firma de la garantía soberana de la Nación. Esta postura bonaerense colisiona de frente con la estrategia legislativa que ese mismo espacio político adoptó en Santa Cruz.

En este sentido, en territorio santacruceño, el kirchnerismo rechazó de forma tajante el proyecto de Ley  de Financiamiento impulsado por el Gobierno Provincial que buscaba contraer financiamiento para un paquete de obras esenciales en las áreas de salud, educación, servicios, energía e infraestructura básica.

Además, la marcada diferencia reabrió la discusión en torno a la coherencia de los discursos sobre el endeudamiento público. El caso expone cómo una herramienta financiera de inversión puede ser catalogada como un beneficio directo para la calidad de vida de la población en un distrito, mientras que en otro es bloqueada y cuestionada por la misma fuerza partidaria.

De este modo, la situación termina subordinando el desarrollo de obras estratégicas a la conveniencia política de cada región, evidenciando los diferentes criterios aplicados por la misma coalición según las necesidades o el signo político del gobierno de turno en cada jurisdicción.