Durante el programa, Hugo Moyano sostuvo, entre otras afirmaciones, que la funcionaria anteriormente no se había plegado a la medida de fuerza de los policías autoconvocados “porque era bonita” y porque, según dijo, buscaba ascender dentro de la fuerza. Junto al excomisario procesado y apartado de la Policía, Ramón Quipildor, también la acusaron de “hacerse la víctima”, de haber perjudicado a un compañero por informar los mensajes e insinuaron que actuó para obtener un ascenso. La exposición pública de su identidad mientras se encuentra vinculada a una investigación penal en curso podría afectar el normal desarrollo de la causa y comprometer la seguridad de la funcionaria policial.

CÓMO COMENZÓ LA INVESTIGACIÓN

En este contexto, la investigación sostiene que la funcionaria policial integraba un grupo de WhatsApp en el que efectivos policiales debatían las medidas a adoptar durante el conflicto salarial.

En ese marco, la conversación giró sobre distintas alternativas impulsadas durante la protesta. En este intercambio, se analizaba la posibilidad de entregar las armas reglamentarias, mientras otros participantes proponían someter esa decisión a votación.

De este modo, fue entonces cuando, según surge de la investigación, uno de los participantes escribió un mensaje en el que proponía matar a una persona privada de la libertad para generar un hecho de alto impacto y ejercer presión sobre el Gobierno de Claudio Vidal.

Frente a ese escenario, la funcionaria policial puso el contenido de esas conversaciones en conocimiento del jefe de la Policía de Santa Cruz y, posteriormente, de la Justicia.

Desde esta intervención, la Fiscalía de Estado presentó la denuncia que dio origen a la causa penal. Desde entonces, el fiscal de instrucción José Chan lleva adelante la investigación destinada a determinar la autenticidad de los mensajes, el contexto en el que fueron emitidos, su verdadero alcance y las responsabilidades que eventualmente pudieran corresponder.

LAS DECLARACIONES

Por otra parte, Hugo Moyano y Ramón Quipildor sostuvieron que los mensajes investigados correspondían a un grupo de WhatsApp privado y minimizaron su contenido al afirmar que se trataba de un “chiste”. Además, cuestionaron que la funcionaria policial hubiera llevado esas conversaciones a conocimiento del jefe de la Policía y de la Justicia.

Según pudo saber este medio, en las próximas horas podrían impulsarse nuevas presentaciones judiciales vinculadas con las manifestaciones realizadas durante la emisión.