La negociación entre el Gobierno de Santa Cruz y los policías autoconvocados sumó un nuevo capítulo. Además del reclamo salarial, los representantes de los efectivos solicitaron que el Ejecutivo provincial evalúe otorgar una amnistía administrativa como parte de un eventual acuerdo para destrabar el conflicto.

En este contexto, el planteo fue confirmado por el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, quien explicó que el pedido fue incorporado durante la última reunión de negociación e, incluso, condicionó el análisis de la propuesta salarial presentada por el Gobierno: “Se condicionó un poco anoche a considerar la última propuesta que hicimos a que esta amnistía sea parte de la propuesta”, sostuvo el funcionario.

Por otra parte, Aravena aclaró que la solicitud todavía no cuenta con un desarrollo específico respecto de su alcance. Sin embargo, remarcó que cualquier eventual decisión sólo podría analizarse dentro del plano administrativo y nunca sobre cuestiones que dependen del Poder Judicial: “Hay instancias administrativas y hay instancias judiciales. Sobre el Poder Judicial no tenemos ninguna injerencia”, afirmó.

Asimismo, el funcionario recordó que la Policía de Santa Cruz no cuenta con representación sindical y que sus integrantes están sujetos a un régimen disciplinario específico, por lo que cualquier eventual decisión deberá ajustarse a la normativa vigente.

En términos prácticos, una eventual amnistía administrativa implicaría que la Administración provincial evalúe dejar sin efecto sanciones disciplinarias que pudieran derivarse de la participación en las medidas de fuerza, como sumarios, suspensiones o cesantías. Sin embargo, esa posibilidad no alcanza a las actuaciones judiciales, ya que son competencia exclusiva del Poder Judicial.

Finalmente, el pedido de amnistía administrativa quedó incorporado a la mesa de negociación y pasó a formar parte de los puntos planteados por los policías autoconvocados durante las conversaciones con el Gobierno provincial. En caso de avanzar, el análisis sobre ese planteo corresponderá al Poder Ejecutivo provincial dentro del ámbito administrativo, mientras que cualquier actuación judicial continuará su curso de manera independiente.