La investigación por la compra de una lujosa mansión en Pilar quedó nuevamente en el centro de la disputa judicial. El fiscal general ante la Cámara de Casación, Mario Villar, presentó este lunes un recurso extraordinario federal para intentar revertir la decisión que ordenó trasladar el expediente a la Justicia Federal de Campana.

Villar considera “arbitraria” la resolución de la Cámara de Casación y sostiene que, si la causa debe tramitar en el fuero federal por tratarse de una investigación por presunto lavado de activos, el expediente debería regresar al juzgado de Daniel Rafecas, en Comodoro Py, que ya había intervenido en la investigación.

La causa analiza el origen y el circuito del dinero utilizado para adquirir una propiedad valuada en unos US$20 millones, donde fueron encontrados 54 vehículos de alta gama. El inmueble figura a nombre de Real Central SRL, cuyos titulares son Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalados en la investigación como presuntos testaferros del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.

La disputa por la competencia

El traslado a Campana había sido solicitado por las defensas de Pantano y Conte, que argumentaron que la competencia territorial debía establecerse en función del lugar donde se encuentra la propiedad investigada.

Sin embargo, la Cámara de Casación resolvió la cuestión desde el punto de vista de la competencia material. Al considerar que el expediente investiga un presunto delito de lavado de activos, entendió que correspondía la intervención de la Justicia Federal.

Por ese motivo, ordenó que el expediente fuera enviado a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para su posterior remisión al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

Villar cuestiona ese criterio y sostiene que el fundamento utilizado por Casación para sacar la investigación del fuero Penal Económico debería conducir a otra conclusión: que la causa regrese al juzgado federal de Rafecas, en Comodoro Py.

El argumento del fiscal

Para el fiscal, la investigación no está limitada a la compra de la mansión de Pilar, sino que analiza una presunta maniobra de lavado de activos de mayor alcance.

En ese sentido, señaló que Real Central SRL tiene su sede social en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que su antecesora, Central Park Drinks SRL. También destacó que la escritura de compraventa del inmueble fue firmada en un domicilio porteño.

Además, Villar mencionó distintos lugares de la Ciudad que estarían vinculados con el circuito de fondos investigado, entre ellos financieras, estudios jurídicos y otros domicilios donde, según la hipótesis judicial, se habrían realizado operaciones relacionadas con el dinero utilizado para la adquisición de la propiedad.

El fiscal también cuestionó una presunta contradicción entre decisiones anteriores de la Cámara de Casación y la resolución que dispuso el traslado del expediente.

La explicación de la Cámara de Casación

Uno de los jueces involucrados, Mariano Borinsky, rechazó que haya cambiado su postura. Según explicó, en una primera intervención consideró que la cuestión planteada no tenía carácter federal, mientras que posteriormente se habilitó un planteo constitucional relacionado con cuál debía ser el juez natural de la investigación.

Borinsky sostuvo que, si el único delito investigado es el lavado de dinero, la competencia corresponde al fuero federal. Además, explicó que el expediente no podía regresar directamente a Rafecas porque el magistrado no había reclamado la causa.

De esta manera, la discusión quedó centrada en determinar qué tribunal debe continuar con una investigación que, además de analizar la compra de la propiedad, busca establecer el origen de los fondos involucrados.

El caso podría llegar a la Corte Suprema

Ahora, la Cámara de Casación deberá decidir si concede el recurso extraordinario presentado por Villar. Si lo admite, la disputa por la competencia quedará en manos de la Justicia hasta que se resuelva el planteo.

En caso de que el tribunal rechace el recurso, el fiscal podrá presentar una queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así, la investigación por la mansión de Pilar podría terminar en el máximo tribunal, mientras continúa bajo análisis el presunto lavado de activos vinculado con la adquisición de la propiedad.