La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner formalizó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para solicitar la revisión de su situación judicial en el marco de la causa Vialidad. El planteo fue realizado por sus abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes sostienen que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales de la exmandataria.

La presentación incorpora una serie de elementos que la defensa ya había expuesto públicamente durante una conferencia de prensa realizada a mediados de septiembre. Según los abogados, esas pruebas permitirían cuestionar uno de los fundamentos utilizados para establecer que existió un supuesto direccionamiento de fondos públicos hacia empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez.

El planteo de la defensa

Uno de los principales argumentos presentados por Beraldi apunta a los fondos destinados a la Dirección Nacional de Vialidad durante los gobiernos de Cristina Kirchner. El abogado sostuvo que, pese al volumen total de la inversión, los recursos asignados a empresas de Báez representaron menos del 1% del presupuesto del organismo durante ese período.

A partir de ese dato, la defensa sostiene que la nueva documentación permitiría cuestionar la hipótesis de que existió una maniobra destinada a beneficiar al empresario santacruceño. Los abogados plantean que otras empresas se encontraban en posiciones superiores en cuanto al volumen de fondos recibidos y que no tenían vinculación con el gobierno de entonces.

Estos argumentos forman parte de la estrategia de la defensa ante el organismo internacional y deberán ser evaluados en el marco del procedimiento correspondiente. La presentación busca que el Comité analice las denuncias sobre presuntas vulneraciones de derechos durante el proceso judicial argentino.

La situación judicial de la causa Vialidad

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 y posteriormente quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el recurso extraordinario presentado por la defensa.

Ahora, los abogados buscan que el planteo sea tratado durante la próxima sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, prevista para octubre, según informó la defensa.

El organismo tiene sede en Ginebra y está integrado por expertos independientes encargados de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sus pronunciamientos forman parte de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y pueden ser considerados como antecedentes en posteriores discusiones jurídicas.