El expresidente Alberto Fernández fue denunciado ante la Justicia Federal por los presuntos delitos de traición a la patria y revelación de secretos de Estado, luego de realizar declaraciones públicas sobre la situación de las Fuerzas Armadas argentinas y la política de defensa del Gobierno de Javier Milei.

La presentación fue realizada por Hugo Icazzati, quien cuestionó los dichos del exmandatario y solicitó que se determine si sus afirmaciones pudieron haber expuesto información vinculada con las capacidades militares del Estado argentino. La denuncia ingresó ante la Justicia Federal de Comodoro Py y ahora deberá atravesar las primeras instancias procesales.

El planteo surgió a partir de una entrevista en la que Fernández cuestionó la política del Gobierno respecto de las Islas Malvinas y sostuvo que los británicos podían estar tranquilos porque la Argentina estaba “absolutamente desarmada”. Para el denunciante, esa afirmación podría tener relevancia judicial debido a la naturaleza de la información a la que el exmandatario tuvo acceso durante su gestión.

Asimismo, Icazzati puso el foco en el rol institucional que ocupó Fernández entre 2019 y 2023, período en el que, además de ejercer la Presidencia, fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Según la presentación, esa condición debería ser considerada al momento de analizar el alcance de sus declaraciones.

En este sentido, el denunciante pidió determinar si existió una conducta penalmente relevante al haber expuesto públicamente información relacionada con las capacidades defensivas argentinas. La presentación sostiene que no se trataría únicamente de una opinión política sobre la política exterior o la defensa nacional, sino de afirmaciones vinculadas con información estratégica del Estado.

Por otra parte, la denuncia deberá ser analizada por la Justicia Federal para establecer si los hechos denunciados configuran algún delito. Tras el sorteo correspondiente, se determinará qué fiscalía y qué juzgado quedarán a cargo del expediente.

La presentación se produce en medio de la renovada discusión sobre la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y las medidas anunciadas por el Gobierno de Milei para fortalecer las capacidades de defensa y la presencia argentina en el Atlántico Sur.