El Gobierno de Javier Milei intimó al Reino Unido a detener las actividades de explotación de hidrocarburos vinculadas al proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La medida contempla un plazo de dos semanas para que Londres adopte las acciones necesarias para impedir el inicio o la continuidad de esas operaciones.

Según informó el Ejecutivo, Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a avanzar con el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La decisión se suma a las protestas diplomáticas que Argentina ya había presentado por el avance del proyecto y por las licencias hidrocarburíferas otorgadas en el área.

Posible presentación ante el Tribunal del Derecho del Mar

En caso de que el Reino Unido no responda favorablemente a la intimación, el Gobierno anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de medidas provisionales destinadas a preservar los derechos que Argentina sostiene sobre su plataforma continental.

La administración de Milei fundamentó su posición en las Resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que Argentina invoca en el marco de la disputa de soberanía con el Reino Unido y de su rechazo a las actividades unilaterales sobre los recursos naturales del área.

El Gobierno sostiene que el desarrollo unilateral de actividades hidrocarburíferas en las zonas sujetas a la disputa puede generar consecuencias irreversibles sobre recursos naturales. En septiembre, además, la Cancillería había anunciado nuevas medidas administrativas contra personas y empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas que considera no autorizadas.

Sanciones contra una empresa británica

En paralelo, el Ejecutivo informó que detectó operaciones aéreas realizadas por Thales UK Limited entre Punta Arenas y las Islas Malvinas mediante una aeronave con matrícula británica que, según el Gobierno argentino, no contaba con autorización de las autoridades nacionales.

A partir de esa situación, Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas contra la empresa.

La medida se produce en un contexto de creciente tensión diplomática por las actividades hidrocarburíferas en Malvinas. En las últimas semanas, Argentina también había presentado una protesta formal ante el Reino Unido por la extensión de licencias de producción de hidrocarburos offshore y reiterado su rechazo al avance del proyecto Sea Lion.