El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ratificó su pedido de jury contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, luego de que la magistrada declarara inconstitucional, para un caso particular, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyera a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La presentación fue realizada por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

Tapia cuestionó el criterio adoptado por la jueza y sostuvo que su actuación debe ser analizada por el órgano encargado de evaluar la conducta de los magistrados. En la denuncia, el funcionario planteó que podrían configurarse las causales de “mal desempeño en el ejercicio de la función” y “desconocimiento inexcusable del derecho” y solicitó que se investiguen los fundamentos de la resolución.

El fallo de De Marinis

La jueza, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3, había considerado inconstitucional la aplicación del nuevo régimen para el caso del adolescente y dispuesto su sobreseimiento.

La decisión, sin embargo, no suspendió la vigencia general de la normativa en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un fallo de primera instancia que fue apelado por la Fiscalía, por lo que ahora deberá intervenir la Cámara correspondiente.

Además, De Marinis ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para establecer un plan de acompañamiento familiar, reinserción escolar y actividades recreativas para el adolescente.

El pedido de jury

En su presentación, Tapia solicitó al Consejo de la Magistratura que reúna el expediente y otros elementos vinculados con la causa y que determine si corresponde avanzar con una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.

El ministro también cuestionó que la magistrada hubiera recurrido a una norma anterior luego de declarar inaplicable el nuevo régimen y planteó que esa decisión requería una fundamentación específica. Estos argumentos forman parte de la denuncia presentada por el funcionario y deberán ser evaluados en el ámbito institucional correspondiente.

Mientras tanto, la Fiscalía Especializada en Materia Penal Juvenil apeló el fallo y solicitó que sea revocado. La resolución sobre la continuidad del caso y la actuación de la jueza quedará ahora sujeta a las instancias judiciales y al procedimiento ante el Consejo de la Magistratura.