En este escenario, Pablo Grasso podría ser citado a declarar, al igual que su hermana María Grasso —quien también presidió el IDUV— y los demás exfuncionarios e involucrados alcanzados por la investigación. Una eventual convocatoria marcaría una nueva etapa dentro del expediente y permitiría a la Justicia avanzar sobre las responsabilidades de quienes estuvieron al frente del organismo durante los períodos investigados. 

De acuerdo con información extraoficial a la que accedió Patagonia al Mundo, la Justicia avanzó el viernes pasado con un allanamiento en dependencias del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), en el marco de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas a la obra pública.

En este contexto, el procedimiento tendría como objetivo reunir documentación, expedientes, legajos y otros elementos relacionados con contrataciones y adjudicaciones correspondientes al período investigado.

La denuncia presentada en abril de 2023 alcanzó a Pablo Grasso, María Grasso, Roberto Andrino y Daniel Copertari, todos vinculados a distintas gestiones al frente del IDUV, además de solicitar que se investigara a otros funcionarios y personas que pudieran resultar responsables.

En este marco, Muñoz había solicitado expresamente que se realizaran allanamientos en las oficinas del IDUV y en el Registro Único de Proveedores para secuestrar expedientes, legajos, actas de inspección, notas y documentación en soporte papel y digital que pudiera resultar útil para la investigación. 

La presentación planteó presuntas irregularidades en procesos licitatorios, adelantos de pagos sin los controles correspondientes, obras inconclusas, demoras en las ejecuciones y una posible cartelización de la obra pública. Entre los datos incorporados se señaló que entre 2016 y 2019 se licitaron 988 viviendas y se entregaron 224. 

Ahora, con el comienzo de estas medidas judiciales, la investigación podría ingresar en una etapa de mayor actividad, con nuevas diligencias, requerimientos de documentación y eventuales citaciones.

En este escenario, Pablo Grasso, María Grasso y los demás involucrados podrían ser llamados a declarar, aunque será la Justicia la que determine quiénes deberán comparecer, en qué momento y bajo qué carácter procesal.

Se trata de una causa que genera expectativa en una parte importante de la sociedad santacruceña, que espera conocer qué ocurrió con los recursos destinados a la obra pública y si existieron responsabilidades.

Los allanamientos comenzaron. Ahora podrían llegar las citaciones. La causa de la obra pública entra en una etapa clave y la Justicia vuelve a poner bajo la lupa a quienes estuvieron al frente del IDUV.