Lo que parecía un capítulo cerrado en la justicia federal de Río Gallegos dio un giro de 180 grados. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en un fallo firmado por el juez Aldo Suárez, decidió revocar el sobreseimiento que beneficiaba a la empresa propietaria del laboratorio de marihuana que, hace unas semanas, fue detectado en pleno centro de la capital de Santa Cruz.

La decisión tomada por Suárez reabrió la investigación, dejando a la empresa y a su representante bajo la lupa de la justicia por presunta infracción a la ley de estupefacientes.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el caso explotó a mediados de agosto, cuando un allanamiento en un galpón de la calle Fagnano al 300, en la capital santacruceña, destapó un cultivo de 198 plantas de cannabis sativa, además de una cantidad considerable de cogollos y semillas. La fiscalía a cargo de Julio Zárate imputó a la empresa y a su propietario por llevar adelante esta actividad sin las autorizaciones correspondientes, agravada por la cercanía a un establecimiento educativo.

Un agente sacando las ziploc con marihuana. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Primera audiencia

En una primera instancia, la jueza de garantías Mariel Borruto había comprado el argumento de la defensa y sobreseído a los imputados, considerando que la acción penal no podía prosperar. La defensa sostuvo que la ley que pena a las personas jurídicas por corrupción no incluía los delitos de narcotráfico, y que la actividad de la empresa era lícita. Pero la fiscalía, sintiendo que le metían la mano en el bolsillo, no se quedó de brazos cruzados y apeló la decisión, calificándola de “prematura”.

La jueza federal Mariel Borruto. FOTO: RADIO UNIVERSIDAD 93.5

Zárate argumentó que aún faltaban pruebas clave, como una pericia química para determinar si las plantas eran cáñamo industrial (con bajo THC y legal bajo ciertas condiciones) o marihuana (con alto THC y considerada estupefaciente). Este punto es el corazón del conflicto: ¿estamos hablando de un proyecto productivo innovador o de una pantalla para una actividad ilegal?

Dr. Julio Zárate, fiscal federal de Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Cabe recordar que, al momento del procedimiento, dentro del galpón, además, se encontraron hasta resquicios de cigarrillos de marihuana, también llamados “tucas” por lo que, además de la producción, también se consumiría. “Es como poner al lobo a cuidar a las ovejas” había dicho una fuente cercana a la investigación a La Opinión Austral.

La resolución

El juez Suárez, en un fallo extenso y detallado de 29 fojas al que tuvo acceso este diario, le dio la razón a la fiscalía. Sostuvo que el sobreseimiento fue apresurado, ya que se basó casi exclusivamente en los dichos de los imputados y no en pruebas contundentes. “Reclamar la suficiencia, claridad, irrefutabilidad sobre la comisión de un posible hecho, en este estadío temprano del proceso penal, es erróneo”, sentenció el magistrado, dejando en claro que la investigación recién está en pañales.

El frente del galpón donde funciona el laboratorio. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Uno de los puntos más técnicos pero cruciales del fallo es la discusión sobre la responsabilidad penal de las empresas. El juez Suárez aclaró que, si bien existe una ley específica para delitos de corrupción, la Ley de Estupefacientes contempla expresamente la posibilidad de imputar penalmente a las personas jurídicas. Por lo tanto, el argumento de la defensa no tenía asidero y la investigación contra la Sociedad por Acciones Simplificadas podía y debía continuar.

Las “presuntas” autorizaciones

La trama se complica al analizar las autorizaciones que la empresa decía tener. La SAS presentó una resolución del Ministerio de Salud que aprobaba un proyecto de investigación en conjunto con el INTA. Sin embargo, el juez observó que este permiso era para un proyecto específico, en las instalaciones del INTA y con un método de cultivo hidropónico. Nada indicaba que esa autorización amparara un cultivo de casi 200 plantas en tierra en un galpón de la calle Fagnano. En ese sentido, cabe recordar que, al momento del allanamiento, también se hicieron presentes autoridades de la cartera sanitaria provincial y remarcaron que las normas de bioseguridad no habían sido respetadas.
La defensa también exhibió certificados del INASE (Instituto Nacional de Semillas) que mencionaban el domicilio de la calle Fagnano, pero el fallo siembra dudas sobre su validez, llegando a mencionar que la lectura de un código QR arrojó un resultado “inválido“. Además, correos electrónicos aportados por la propia empresa revelan la preocupación de sus directivos cuando el INASE les informó que solo se les permitían actividades vinculadas al cáñamo y exclusivamente en los lugares autorizados por la ARICCAME (Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal). Estos mails sugieren -para Suárez- que la propia empresa sabía que su situación en el galpón de Fagnano era, como mínimo, irregular.

Agentes de Gendarmería en el lugar, tras un robo que ocurrió mientras el lugar estaba con custodia. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El fallo indicó que cualquier actividad de la cadena productiva del cannabis, ya sea para uso medicinal o industrial, requiere de una “expresa y previa autorización estatal“. Sin esos papeles en regla, la actividad deja de ser lícita y puede ser considerada “estupefaciente” a los ojos de la ley penal.
En un giro que añade claridad a una parte del caso, el juez Suárez sí decidió sobreseer al titular de la SAS por las plantas encontradas en su domicilio particular. Consideró que ese cultivo personal estaba amparado por su inscripción en el REPROCANN.

Lo que viene

Ahora, la causa vuelve a la primera instancia con la investigación formalmente abierta por un plazo de tres meses (hasta el 22 de diciembre). Durante este tiempo, la fiscalía deberá avanzar con las pericias químicas y recabar informes de todos los organismos regulatorios para determinar si la SAS operaba dentro de la ley. Mientras tanto, se autorizó al personal de la empresa a ingresar al galpón para mantener las plantas, bajo supervisión del INTA, para no generar un daño irreparable en caso de que la actividad finalmente resulte ser lícita.